¿Puede impugnarse una decisión pública si no puede corregirse el hecho decisivo?
Por Karina Carlos, fundadora de Self-Conquest
Consideremos una decisión hipotética sobre acceso a una prestación pública. Una persona recibe una notificación: su hogar supera el umbral de ingresos. El documento identifica el programa, comunica el resultado e indica cómo impugnarlo. Sin embargo, la persona no puede saber qué registro de ingresos se utilizó, a qué periodo corresponde ni cómo corregirlo. Quien atiende el caso puede consultar el mismo resultado, pero tampoco reconstruir su fundamento. La decisión se ha vuelto visible. El camino para examinar su afirmación decisiva sigue siendo incierto.
El ejemplo es inventado. Sirve para plantear una pregunta de gobierno institucional ante la automatización de decisiones públicas: ¿qué debe poder hacer una persona con una explicación para que esta permita cuestionar la decisión de manera efectiva?
Localizar el punto de desacuerdo
Una decisión pública puede impugnarse en distintos niveles. Un registro puede ser inexacto. Un dato válido puede haberse asociado con otra persona. Una inferencia puede exceder lo que permite concluir la evidencia. Una regla puede haberse interpretado mal o aplicado de forma que excluya una circunstancia relevante. Cada posibilidad exige una revisión distinta. Pedir que alguien explique su desacuerdo puede imponerle una carga de investigación desproporcionada si la institución no ha hecho comprensible el fundamento decisivo.
Esra Gules-Guctas analizó 71 expedientes judiciales federales y estatales de Estados Unidos sobre prestaciones públicas determinadas mediante algoritmos. El estudio cualitativo identificó mecanismos de falla relacionados con datos, diseño y limitaciones de los sistemas. Los casos permiten examinar cómo se cuestionan decisiones; no estiman la frecuencia de errores, y las alegaciones no equivalen siempre a hechos establecidos judicialmente. El artículo apareció en línea en 2025 y en un número de Public Administration Review de 2026.1
De ahí surge una pregunta útil: ¿puede la institución localizar el punto en que la evidencia se convirtió en una determinación con consecuencias? Una notificación legible puede dejar esa transición sin aclarar. Una puntuación, categoría o etiqueta de elegibilidad no permite comprobar, por sí sola, si el registro, el criterio aplicable y la conclusión corresponden entre sí.
El trabajo necesario para cuestionar una decisión
Aun cuando se identifica el dato controvertido, conseguir una corrección exige trabajo. Alguien debe saber qué documento importa, obtenerlo, presentarlo por un canal aceptado y averiguar si recibió atención. El proceso puede exigir tiempo, persistencia, acceso digital y familiaridad con el lenguaje administrativo. Conviene examinar quién asume esos costos y qué impugnaciones pueden abandonarse antes de llegar a una revisión de fondo.
Karusala y sus colegas estudiaron procesos de impugnación relacionados con servicios públicos de vivienda en las regiones de Chennai y Boston. Su investigación cualitativa describe el apoyo sostenido de intermediarios para afrontar requisitos y decisiones adversas. Es indispensable precisar que los entornos estudiados no utilizaban sistemas algorítmicos. El trabajo aporta preguntas de diseño; no demuestra que una interfaz de apelación con IA mejore el acceso o los resultados.2
La consecuencia que propongo es práctica. Una institución debería observar si la persona puede hacer avanzar una objeción relevante. La explicación es una condición, junto con un canal utilizable, asistencia adecuada, una respuesta y claridad sobre lo que ocurre mientras se reconsidera el caso. La ley aplicable determina derechos y procedimientos específicos; el diseño institucional influye en gran parte de su uso efectivo.
Un registro que permita revisar
Cobbe, Lee y Singh proponen que la revisión abarque el proceso de decisión automatizada y sus componentes organizacionales. Su marco conceptual, basado en el derecho administrativo inglés, comprende desde el encargo del sistema hasta sus consecuencias e investigación. No enuncia obligaciones jurídicas universales. Aquí permite preguntar qué registros ayudarían a la persona o instancia competente a examinar el proceso.3
La pregunta no exige revelar todos los detalles técnicos a cada solicitante. Una divulgación indiscriminada puede generar confusión y riesgos de privacidad. Una explicación útil debería identificar el fundamento material de la decisión, el periodo y criterio pertinentes, y una vía viable para cuestionar un posible error. Es razonable que el acceso de la persona afectada, un revisor interno y un órgano externo sea diferente.
Tampoco basta con modificar un campo. Supongamos que, en el ejemplo hipotético, la persona aporta evidencia confiable de que se utilizó un periodo de ingresos incorrecto. Todavía debe determinarse si la corrección cambia la decisión. Pueden subsistir otros fundamentos. Un proceso defendible dejaría constancia de lo aceptado, lo controvertido y la razón del resultado. Corregir no debe garantizar una resolución favorable ni perderse en una base de datos sin revisar sus consecuencias.
Human Authority en el proceso de corrección
En la arquitectura publicada de Human Authority, la legibilidad comunicativa permite que el juicio sea comprendido, cuestionado y utilizado. La función institucional comprende las condiciones para actuar responsablemente. Aquí propongo examinar una secuencia: fundamento decisivo inteligible, vía efectiva de corrección o impugnación y reconsideración razonada. Es una propuesta operativa informada por la literatura, no un instrumento de evaluación validado.4
También importan los límites de la discrecionalidad individual. Quien atiende un caso no debería tener que improvisar una excepción fuera de sus atribuciones para obtener una revisión. La organización debería precisar quién puede consultar el registro, solicitar evidencia, corregir un error y reconsiderar la decisión. Si se discute la interpretación de una norma o política, puede requerirse una autoridad distinta de quien administra los datos.
Antes de ampliar la automatización, las instituciones podrían probar esta secuencia con casos de muestra debidamente protegidos. ¿Puede la persona identificar el punto material? ¿Puede el revisor reconstruirlo? ¿La evidencia presentada llega a alguien capaz de evaluarla? ¿Puede rastrearse una corrección hasta las decisiones que dependen de ella? Son preguntas de diseño propuestas. Su eficacia, carga de trabajo, accesibilidad y consecuencias imprevistas necesitan evaluación en el servicio concreto.
Una institución pública tiene razones para buscar rapidez y consistencia. Esos objetivos deben examinarse junto con su capacidad para detectar y reparar errores. Mi propuesta es que una impugnación adquiere sentido cuando un desacuerdo relevante puede entrar al proceso y recibir una respuesta razonada. Lo decisivo es qué puede examinar y cambiar la institución cuando se cuestiona el fundamento de su decisión.
Referencias
1. Gules-Guctas, E. (2026; publicación inicial en línea: 25 de septiembre de 2025). How Do Algorithmic Decision-Making Systems Used in Public Benefits Determinations Fail? Insights From Legal Challenges. Public Administration Review, 86(2), 371–382. Fuente
2. Karusala, N., Upadhyay, S., Veeraraghavan, R. y Gajos, K. Z. (2024). Understanding Contestability on the Margins: Implications for the Design of Algorithmic Decision-making in Public Services. CHI 2024. Fuente
3. Cobbe, J., Lee, M. S. A. y Singh, J. (2021). Reviewable Automated Decision-Making: A Framework for Accountable Algorithmic Systems. FAccT 2021. Fuente
4. Carlos, K. (2026). Human Authority in the Age of AI. Fuente
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